Autor: Felipe Paredes San Román

Catedrático de la UNIFE.

Hace no mucho tiempo atrás, con motivo de la visita del conocido periodista Andrés Oppenheimer, fue motivo de comentario en los medios de comunicación una de sus interesantes reflexiones, vinculada con el éxito de los países, que, por cierto, presentó en medio de cifras irrefutables y que podría parafrasear en el sentido que el crecimiento de un país se ve estimulado cuando cuenta con una cantidad apreciable de profesionales en ciencias exactas, en ingeniería.

Señaló, a modo de contraste, que mientras en China se gradúa un aproximado de 220,000 ingenieros al año, en Argentina, su tierra natal, apenas lo hacían 3,000; y para completar el cuadro, hacía referencia a la sobreproducción de abogados y psicólogos que se da en su país, al comentar que la Universidad de Buenos Aires, por citar un ejemplo, produce 2,400 abogados al año, 1,300 psicólogos y sólo 240 ingenieros.

Fernando Villarán; en su trabajo “Mercado laboral, educación y tecnología”, cuya elaboración le fuera encomendada por el Comité Organizador de CADE 2006, se valió de dichas estadísticas, para lamentar el notorio desbalance que en esta materia, presume, también se evidencia en el Perú y que ayuda a explicar los magros resultados que exhibimos en desarrollo tecnológico.

Varias conclusiones pueden fluir de lo manifestado precedentemente. Algunas irrebatibles y otras, seguramente, discutibles. Que el país se vería beneficiado con el concurso de un mayor número de ingenieros y profesionales en ciencias exactas, es una verdad de perogrullo. Que la oferta universitaria, en términos generales, se circunscribe aún a las carreras llamadas tradicionales, es aceptado pacíficamente y se espera un grado mayor de audacia al respecto. ¿Y qué hay con los abogados?

La tentación que pudiere asomar es la de emprender medidas que apunten a reducir el número de estudiantes que optan por la carrera de Derecho. Con la adopción de medidas restrictivas o incluso prohibitivas, se desalentaría a los jóvenes de ingresar por fueros jurídicos y evitaríamos la situación actual y, cual panacea, se entiende que los problemas derivados de la profusión de abogados, tenderían a desaparecer, o por lo menos, a debilitarse.

¿Y es así?, ¿acaso anulando la libertad de elección de los jóvenes postulantes, contribuiremos con el interés público?, ¿con qué derecho se puede privar a quien busca consagrarse al Derecho como opción profesional?, ¿es que podemos forzar las cosas para afirmar que hay una relación inversamente proporcional entre investigación tecnológica y número de abogados?.

Ciertamente, los autores citados no han insinuado toda esta serie de especulaciones que se presentan en este entrega, pero temo que el legítimo recelo que genera el comportamiento inadecuado de algunos abogados – no sancionados por los Colegios a que pertenecen – puede degenerar en apostar por soluciones simplistas, de carácter efectista, como las sugeridas.